Desafío ambiental

Columna verde publicada en La Razón, el 4 de junio de 2013

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Desafio-ambiental_0_1845415443.html

 

El reciente anuncio sobre la intención de facilitar la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas ha reiniciado un debate que nos conduce a la tensión existente entre las necesidades de desarrollo y las necesidades de mantenimiento de nuestro patrimonio natural. La ecología nos enseña que los sistemas naturales no son estáticos, es decir que no están en un equilibrio permanente, sino que más bien, los sistemas naturales están en variación constante, adaptándose a los cambios que el clima, los suelos, y últimamente los seres humanos provocamos. Las áreas protegidas son los “órganos vitales” en esos sistemas naturales, cumplen múltiples funciones y brindan una variedad de servicios a quienes habitan en ellas, alrededor de ellas y al planeta en su conjunto. En este sentido, operar un órgano vital, digamos el corazón, no es lo mismo que una cirugía menor, digamos el apéndice.

A pesar de que en ambos casos la cirugía tiene sus riesgos, debemos convenir que una cirugía en el corazón requiere de más preparación y experticia que en el apéndice. De este modo, el plantear cualquier actividad humana que podría tener un impacto sobre los sistemas naturales requiere de preparación y experticia, y más aún si se trata de hacerlo al interior de las áreas protegidas, cuya existencia y razón de ser están descritas en la Constitución Política del Estado.  La Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien brinda el marco general para tratar de integrar la necesidad de desarrollo y preservación de la naturaleza. Si demandamos su cumplimiento, nos encontramos ante el gran desafío ambiental de proponer acciones de exploración, y posible explotación de hidrocarburos, que como la mencionada ley propone sean realizadas con “las tecnologías más adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales”.

El desafío ambiental que esto significa es grande. El plantear una actividad que puede generar un gran impacto, de tal manera que la variación constante de los sistemas naturales les permita absorber ese impacto, y continuar funcionando de una manera apropiada es grande. La tecnología existe, las capacidades a nivel nacional existen, depende de nosotros demandar que lo que la Ley 300 y la Ley 71, de Derechos de la Madre Tierra, proponen sea cumplido. Podemos hacerlo desde un lado fundamentalista, o podemos hacerlo desde un lado propositivo, en busca de maximizar la capacidad de regeneración de la naturaleza aplicando siempre el principio precautorio, que nos obliga a prevenir cualquier impacto alegando la falta de conocimiento o de recursos. El desafío está planteado, ¿tendremos la capacidad y altura de responder a él?

Impulsores de la deforestación

A continuación la traducción de una nota publicada en Mongabay.com

http://news.mongabay.com/2012/0904-bolivia-deforestation-drivers.html

La nota es interesante pues analizar los factores que provocan la deforestación, y uno de los factores clave tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, ahora más que nunca en el marco de la Ley 337, que al legalizar los desmonte producidos hacen que varias de las hipótesis aquí planteadas tengan que ser repensadas.

A continuación el artículo

Bolivia debería dar prioridad a la aplicación de la legislación ambiental y la desaceleración de la expansión a gran escala provocada por la cría de ganado para reducir la deforestación amazónica, sostiene un estudio publicado el mes pasado por investigadores de Alemania y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Robert Müller, de la Universidad de Goettingen y sus colegas analizaron las tendencias en el cambio de uso de la tierra en Bolivia entre 1992 y 2004. Ellos encontraron que la agricultura industrial es el mayor impulsor de la deforestación en Bolivia, que asciende al 54% de la deforestación. La ganadería, a 27%, y la agricultura a pequeña escala, con un 19%.

Impulsores de la deforestación en BoliviaPero, controlar la agricultura es un objetivo difícil para los programas que tienen como objetivo reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación, ya que genera más de medio millón de puestos de trabajo (150.000 de la agricultura comercial y 400.000 de la agricultura de pequeños propietarios) y representa más del 12 por ciento de exportaciones. En cambio, los científicos dicen que la reducción de la conversión de bosques para la producción de ganado de baja productividad sería un mejor uso de los recursos para la conservación.

“La ganadería debe ser abordada de forma prioritaria ya que su expansión amenaza los bosques en muchos lugares diferentes y mejoras podrían lograrse a un costo relativamente bajo”, escriben.

Müeller y sus colegas argumentan que una mejor aplicación de la legislación vigente sobre uso de la tierra – en concreto un la ley forestal de 1996, permitiría reducir la deforestación para la cría de ganado. Actualmente la ley está mal aplicada (80 por ciento de las fincas entre 2002 y 2006 no se ajustaban) y las tasas de deforestación – cuando se cobran – son de sólo $ 15 por hectárea.

Tomando nota de que 11 personas son actualmente responsables de la supervisión de las actividades forestales a través de 6 millones de hectáreas en Pando, un punto importante deforestación, los autores sugieren aumentar los niveles de personal de la agencia encargada de hacer cumplir la regulación del uso de la tierra (la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras o ABT) podría pagar dividendos inmediatos.  Un programa de racionalización de titulación de tierras en Bolivia podría también ayudar a reducir la práctica de la tala de bosques.

En general Müeller y sus colegas concluyen que “existe un gran potencial para la reducción de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia, sin causar impactos negativos significativos sobre el bienestar económico del país”.

“El trabajo con la ganadería ofrece las mejores oportunidades para la reducción de la deforestación eficaz y eficiente.   En particular, la aplicación de la legislación existente podría evitar grandes desmontes ilegales causados por un número relativamente pequeño de los ganaderos”.

FIN DE LA TRADUCCIÓN

Bosques en riesgo

La Columna Verde de La Razón publicada el 17 de enero de 2012

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Bosques-riesgo_0_1543045700.html

La evidente presión a la que nuestros bosques y espacios naturales están sometidos es cada año más evidente, y mientras que como sociedad no reconozcamos el inmenso valor que estos espacios tienen, seguiremos perdiendo irremediablemente inmensas extensiones de bosques bajo una, también extensa, lista de argumentos: seguridad alimentaria, función económico social, costos de producción, necesidades de integración regional y demás. Pese a la gran extensión de tierra con aptitud forestal existente en el país, poco o nada se hace para promover su uso de manera racional; y poco o nada se hace para conocer los bosques, sus funciones y sus relaciones con quienes viven en esos espacios.

La promoción del uso integral de los bosques, incluyendo el no-uso, así como la investigación científica sobre las funciones que cumplen y los beneficios que obtenemos es prácticamente inexistente. Un país con tan grande extensión de bosques más bien promueve la agricultura y ganadería, y no de manera directa, sino más bien por omisión. Pese a leyes de producción ecológica, ¿cuánto del presupuesto general de la nación está destinado a este tipo de producción? Pese al discurso en pro del mantenimiento de los bosques, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras ¿cuenta con un presupuesto suficiente y sostenido para cumplir su misión? El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal invertirá $us 53 millones para desarrollar la agricultura, ¿será que parte de esos fondos son cuando menos para promover la agroforestería?

Para nosotros resulta casi imposible comprender el significado real que los bosques tienen para quienes viven en ellos. Ese “valor” —por llamarlo de algún modo— no es reconocido, ni siquiera bien documentado, y por supuesto, desde ciertos puntos de vista que no pueden darle un costo es insignificante. ¿Cómo pretender darle un valor real a los bosques si ni siquiera hemos hecho el intento de oír y tratar de comprender ese valor? ¿No se supone que quienes habitan en los bosques gozan de los mismos derechos que nosotros al habitar en lo que nosotros llamamos hogar?

Como sociedad, la situación está complicada. Mientras aquellos que impulsan el uso y mantenimiento del bosque sigan viendo a aquellos que demandan tierras con fines agropecuarios como a los de la acera del frente —y viceversa— no tendremos éxito; mientras las áreas naturales no posean el valor cabal e integral que tienen, no tendremos éxito; mientras no reconozcamos que para vivir bien necesitamos bosques, no tendremos éxito; nubes negras sobre el futuro de nuestros bosques están ya no en el horizonte, sino sobre ellos.

TIPNIS otra vez

La Columna Verde de La Razón publicada el 31 de enero de 2012

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/TIPNIS-vez_0_1551444843.html

Una nueva página en el conflicto por la construcción de la carretera a través del TIPNIS ha comenzado a ser escrita. Todos sabemos que ésta es una historia que todavía no tendrá final, y que lamentablemente el Gobierno, impulsado y movido por intereses de algunos sectores, en vez de ser parte de la solución, avivará la confrontación por la construcción de una carretera que para muchos no tiene razón de ser.

Afirmaciones realizadas por dirigentes chiquitanos sobre la relación entre carreteras y “progreso” muestran una realidad distinta acerca de la afirmación de que un camino trae desarrollo. Varias regiones de la Chiquitanía cuentan con caminos y aun así las condiciones de salud y educación de los pueblos indígenas no han mejorado significativamente; más aún, recientemente hubo una muerte por dengue en Yapacaní, la enfermedad tiene niveles muy altos de incidencia en la zona, y está muy bien conectada con un centro urbano grande, y más aún con la capital del departamento.

En cuanto a la opinión pública, el problema fundamental está, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en la concepción de progreso y desarrollo que cada quien tiene, y que se manifiesta en las muestras de apoyo y simpatía por uno u otro argumento. Por un lado, quienes creemos que aquellos que habitan ancestralmente esas zonas tienen el derecho, como nuestra Constitución manda, de decidir de manera libre e informada si la carretera pasa por ahí o no; por otro lado, quienes creen que ese camino es sinónimo de progreso y desarrollo para los pueblos indígenas de la región, sin siquiera preocuparse por entender cuál es el “desarrollo” o “progreso” que estos pueblos buscan… y es que parece que todavía no hemos aprendido a oírnos.

La pulseta continuará, finalmente alguna de las posiciones se impondrá sobre la otra, el conflicto persistirá o quizás se declarará resuelto, la ley corta se mantendrá, cambiará o será anulada, y aun así no nos habremos oído, no habremos hecho el esfuerzo de tratar de entender qué es lo que los pueblos indígenas que viven en el TIPNIS buscan y aspiran.

Y mientras esto pasa, otros pueblos indígenas y otros bosques de Bolivia sufren presión por deforestación, no futura o posible, sino ahora mismo; el caso por ejemplo de la región del Choré, el norte de La Paz, el Bajo Paraguá y el bosque chaqueño. El problema del TIPNIS sin duda es “el” problema, pero el avasallamiento de los bosques, la pérdida de sus valores naturales, culturales, místicos, la pérdida de los medios de vida de quienes viven junto a ellos, son “el” problema de todos los bosques en Bolivia.

60 dólares por hectárea

La Columna Verde de La Razón publicada el 15 de enero de 2013

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/us-hectarea_0_1760823971.html

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estiman que en Bolivia existen 5,5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente. En ese panorama, el Gobierno acaba de promulgar la Ley 337, de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, con el propósito de establecer un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, para que sean dedicados a la producción de alimentos como medio de garantizar nuestra seguridad alimentaria.

La norma legaliza la deforestación de 5 millones de ha, y le pone un precio: $us 60 por ha para los industriales, y bajando según el actor al ser incorporados en el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. La Ley establece que en Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios deberán restituir entre el 10% y 20% de la cobertura forestal afectada, cuando se trate de predios  mayores a 50 ha. Si incumplen los requisitos, sus tierras serán revertidas y pagarán multas elevadas. A decir del Gobierno, esta política de fomento y no de castigo permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de ton a 13,6 ton anuales, sobre todo de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar.

Esta ley ha sido celebrada por los agroindustriales, pues los libra de reversiones y “multas exageradas”, según sus declaraciones, pero en ningún momento se toma en cuenta o se considera el daño ambiental que la pérdida no planificada de estos 5 millones de ha ha significado; o mejor dicho, ha quedado traducido en los $us 60 por ha que deberán ser pagados. Y aún así, nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, pues más de la mitad de las tierras que serán incorporadas en este programa están en manos de empresarios, que están interesados en la exportación y no precisamente en el abastecimiento del mercado interno a precios justos.

Cabe preguntarse, cómo si hasta la fecha no se ha tenido la capacidad de controlar los desmontes no autorizados y sancionar efectivamente a los infractores, ahora ¿existirá la capacidad para asegurar el ingreso de quienes han deforestado a este programa; y sobre eso seguir controlando a quienes deforestan ilegalmente? ¿Los $us 60 por ha garantizarán esto?

El delicado equilibrio entre nuestras necesidades de desarrollo y la necesidad de mantener nuestro patrimonio natural saludable se pone hoy a prueba con esta nueva norma, los mecanismos de fomento y control deben ser puestos en pie de manera apropiada, si no queremos enfrentarnos a un escenario donde, bajo el pretexto de la seguridad alimentaria, haya carta blanca para deforestar más.